En los años ochenta se emitía en TVE un programa automovilístico denominado ‘LA SEGUNDA OPORTUNIDAD’, presentado por el magnífico profesional Paco Costas. Este espacio se estructuraba en dos partes: una donde mostraba un accidente de tráfico por imprudencia del conductor y otra donde repetía la secuencia del accidente. Esta vez el conductor, que ya había puesto la diligencia debida, evitaba el siniestro. Se daba por tanto una segunda oportunidad al automovilista para salvar su vida.
Sirva lo anterior para comparar que en el difícil contexto del COVID ha cobrado especial importancia la cada vez más escuchada Ley de la Segunda Oportunidad. Un mecanismo útil para que aquellas personas que han sufrido un fracaso económico y personal puedan comenzar una nueva vida sin arrastrar cargas anteriores.
La Ley de la Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que te ofrece la posibilidad de acabar con todas tus deudas. Esta Ley permite que todas aquellas personas que se encuentran en una situación de endeudamiento extremo y no pueden hacer frente al pago de sus deudas de forma actual o inminente, puedan exonerarse de éstas y empezar de cero.
Pueden acogerse tanto autónomos como particulares. Los requisitos son los siguientes: la deuda contraída no puede ser superior a 5 millones de €, en los 10 años anteriores a la solicitud no le hayan condenado mediante sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública, Seguridad Social y el Derecho y Libertad de los trabajadores, haber intentado llegar previamente a un acuerdo con los acreedores y que no haya sido posible atender los pagos por la situación económica del deudor, que en los 4 años anteriores no se haya rechazado una oferta de empleo y que en los 10 años anteriores no se haya acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad.
Con estas premisas se consigue el denominado BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) que concede finalmente un juez. Esta acción permite la cancelación de deudas y otorgación de esa segunda oportunidad como al automovilista. Así salvar la vida económica a quien le es reconocido este derecho.