¿Qué es la prevaricación y cómo afecta a la justicia?

Prevaricar es cometer una injusticia de manera consciente en el ejercicio de un cargo público o de una función oficial, infringiendo con plena conciencia las normas y los principios jurídicos que deben regir la actividad de quien ostenta un poder conferido por la ley. El término está muy relacionado con la idea de “torcer el derecho”, es decir, apartarse deliberadamente de la justicia y de la legalidad para favorecer intereses personales o ajenos.

La prevaricación, por su parte, se entiende como la acción o conducta delictiva que resulta de ese acto de prevaricar. Cuando un funcionario, juez o autoridad emite una resolución o fallo injusto a sabiendas de que no se ajusta a las normas aplicables, incurre en prevaricación. Este comportamiento no solo genera un daño individual a la parte afectada, sino que erosiona la confianza en la administración de justicia y en las instituciones públicas en general.

Etimología

El término “prevaricar” proviene del latín praevaricari, que a su vez se forma con el prefijo prae- (“delante de” o “antes de”) y varicare (“separar las piernas” o “torcer el camino”). En el ámbito jurídico de la antigua Roma, esta palabra se aplicaba para referirse al abogado o acusador que fingía hacer justicia, pero en realidad torcía el curso del juicio a favor de su contraparte. Con el paso del tiempo, el vocablo evolucionó para describir la acción de actuar contra la ley y contra la ética profesional a sabiendas.

Conjugación del verbo «prevaricar»

El verbo “prevaricar” se conjuga de manera regular en la mayoría de los tiempos, si bien es un verbo poco usado en la conversación cotidiana por su carácter técnico-legal. A continuación, se muestra un breve ejemplo de conjugación en presente, pasado y futuro:

• Presente de indicativo: (yo) prevarico, (tú) prevaricas, (él/ella) prevarica, (nosotros) prevaricamos, (vosotros) prevaricáis, (ellos) prevarican.
• Pretérito indefinido: (yo) prevariqué, (tú) prevaricaste, (él/ella) prevaricó, (nosotros) prevaricamos, (vosotros) prevaricasteis, (ellos) prevaricaron.
• Futuro simple: (yo) prevaricaré, (tú) prevaricarás, (él/ella) prevaricará, (nosotros) prevaricaremos, (vosotros) prevaricaréis, (ellos) prevaricarán.

En su uso jurídico, se escucha con mayor frecuencia en formas como “prevarica” (tercera persona del singular) o “han prevaricado” (tiempo compuesto para referirse a casos concretos).

Sinónimos y términos afines

Entre los términos que pueden considerarse sinónimos o cercanos a la idea de prevaricar, se encuentran:

• Corrupción judicial: Se refiere a la utilización de la autoridad judicial para beneficio personal o de terceros, contraviniendo las normas.
• Abuso de autoridad: Es la acción de exceder las facultades otorgadas por la ley para tomar decisiones arbitrarias.
• Falsedad en la administración de justicia: Engloba cualquier acto que busque distorsionar la verdad dentro de un proceso judicial o administrativo.
• Delito de dictar resoluciones injustas: Según algunos códigos penales, describe la conducta específica de emitir sentencias contrarias a la ley.

Estas expresiones pueden variar en su alcance legal dependiendo de cada ordenamiento jurídico, pero comparten la idea esencial de infligir una injusticia deliberada bajo la apariencia de legalidad.

Guía práctica para denunciar prevaricación

Cuando se sospecha o se es víctima de un acto de prevaricación, es importante actuar con prontitud y siguiendo los cauces legales establecidos. A continuación, se ofrecen algunos pasos generales:

• Reunir pruebas y documentación: Toda denuncia debe acompañarse de evidencia que sustente el acto denunciado, como resoluciones judiciales, actas administrativas, testigos, informes periciales o cualquier elemento probatorio que acredite la injusticia deliberada.
• Asesorarse legalmente: Acudir a un abogado especializado en derecho penal o administrativo ayuda a encaminar la denuncia de manera adecuada y a comprender las implicaciones jurídicas.
• Formalizar la denuncia ante la autoridad competente: Dependiendo del país, se puede presentar la denuncia ante la Fiscalía, el Ministerio Público o el órgano judicial encargado. Es fundamental exponer los hechos con claridad y aportar la mayor cantidad de datos posibles.
• Seguir las fases procesales: Tras la presentación de la denuncia, se inicia un proceso investigativo que puede incluir diligencias para confirmar la presunta conducta de prevaricación. Participar activamente y aportar información adicional en cada fase favorece un resultado más certero.
• Atender las vías de apelación o recursos: Si la resolución de la autoridad no satisface, es conveniente explorar las vías de impugnación establecidas en la ley.

Requisitos para la prevaricación

Para que un acto de prevaricación sea considerado como tal, usualmente se exige que se cumplan ciertos requisitos:

• Autoridad o funcionario público: La persona que comete el acto debe ostentar un cargo en la administración pública o en el poder judicial.
• Emitir una resolución o acto injusto: Debe existir una decisión o acción que contravenga las normas vigentes, vulnerando los derechos o la situación jurídica de otra persona.
• Conocimiento y voluntad: El infractor debe saber que su conducta es ilegal y que provocará un daño o una injusticia. Se requiere la intención clara de separar la decisión de la ley.
• Afectación concreta: La conducta debe lesionar de manera directa la legalidad o los derechos de terceros.

Estos requisitos pueden variar según el país, pero la esencia radica en deliberar en contra de la ley, aprovechando un cargo que exige responsabilidad y rectitud.

Prevaricación en el ámbito administrativo

La prevaricación no se limita a los jueces y magistrados, sino que puede darse también en las esferas administrativas. Cuando un funcionario público dictamina actos o resoluciones contrarias a la ley con el fin de favorecer a un particular, perjudicar a un ciudadano o, en general, torcer el curso normal de la administración, está cometiendo prevaricación administrativa.

Un ejemplo común es la adjudicación indebida de contratos o licitaciones públicas, cuando se beneficia a determinadas empresas a través de la omisión o manipulación de criterios objetivos. De manera similar, se pueden detectar casos de mala praxis en la emisión de permisos, licencias o en la gestión de expedientes en los que se obvian normas con plena conciencia.

Prevaricación por país

La regulación de la prevaricación varía según la legislación de cada nación, aunque comparte elementos comunes en todos los países hispanohablantes. A continuación se describen, a grandes rasgos, las disposiciones en algunos países:

Argentina

En Argentina, la prevaricación suele enmarcarse dentro de delitos contra la administración pública, penalizando a jueces o funcionarios que dicten resoluciones contrarias a la ley. Dependiendo de la gravedad, pueden imponerse inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos.

Chile

La legislación chilena contempla la “prevaricación de jueces y fiscales”, describiéndola como el dictamen de resoluciones notoriamente injustas con conocimiento y voluntad. También existe la prevaricación administrativa, penada como abuso de poder por parte de funcionarios.

Colombia

En Colombia, el término se asocia con delitos como “prevaricato por acción” y “prevaricato por omisión”, recogidos en el Código Penal. Se sanciona a servidores públicos que emitan actos o dejen de actuar de manera manifiestamente contraria a la Constitución o a la ley.

España

El Código Penal español contempla la prevaricación como delito contra la Administración de Justicia. Se distingue entre la prevaricación judicial, cometida por jueces y magistrados, y la prevaricación administrativa, imputable a funcionarios o autoridades que adopten decisiones injustas a sabiendas. Las penas incluyen inhabilitación y sanciones económicas, pudiendo llegar a la pena de prisión en casos graves.

México

En México, la figura puede encontrarse con otros nombres dentro de delitos de abuso de autoridad, corrupción judicial y responsabilidades administrativas. Las sanciones varían según el tipo de infractor y la gravedad, e incluyen la destitución del cargo y la prohibición de ocupar puestos públicos.

Perú

La normativa peruana regula la prevaricación como un atentado contra la administración pública cuando un juez, fiscal u otro funcionario emite decisiones carentes de sustento legal o abiertamente contrarias a la ley. Las penas pueden incluir privación de la libertad y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

República Dominicana

En República Dominicana, la prevaricación forma parte de los delitos contra la administración pública, destacando en la esfera judicial y administrativa. La legislación castiga la emisión de resoluciones arbitrarias que perjudiquen a terceros y socaven la legalidad del Estado.

Uruguay

La legislación uruguaya contempla el delito de prevaricato, que sanciona a jueces y funcionarios públicos que incurran en dictámenes contrarios a la ley. Al igual que en otros países, se exige la conciencia de estar cometiendo un acto injusto, así como la intención de causar un daño o beneficio indebido.

Casos reales de prevaricación

A lo largo de la historia, se han registrado múltiples casos de prevaricación a nivel mundial que han generado escándalo público. Uno de los más notorios son las sentencias amañadas a cambio de sobornos en grandes casos de corrupción, donde se ha condenado a autoridades judiciales por haber dictado resoluciones favorables a grupos criminales o a funcionarios de alto rango acusados de delito.

En muchos de estos casos, las investigaciones han requerido la cooperación de distintas entidades como cuerpos de seguridad, organismos de control, fiscalías y jueces independientes, resultando en la destitución de altos cargos y la condena a años de prisión para quienes han incurrido en tales prácticas.

Impacto en la sociedad y la confianza institucional

El delito de prevaricación menoscaba la credibilidad del sistema jurídico y administrativo, ya que rompe la expectativa de que jueces y funcionarios obren con rectitud y honestidad. Cuando la ciudadanía percibe que no se imparten resoluciones justas o que existen vías para torcer la ley, se genera un profundo desconcierto y descontento que, en última instancia, puede derivar en la pérdida de la confianza en la democracia y las instituciones.

Por ello, combatir la prevaricación no solo implica imponer sanciones ejemplares, sino también reforzar los mecanismos de transparencia y control, apostando por la formación ética de quienes ocupan cargos públicos. De la mano de reformas legales y de una cultura de integridad, se busca que los procesos se rijan por la legalidad y la justicia, asegurando la protección de los derechos y promoviendo una sociedad más equitativa.

Cinco datos significativos

• Percepción de la corrupción en España: Según el Índice de Percepción de la Corrupción, España ha mantenido una puntuación constante en los últimos años, reflejando una percepción pública de corrupción que no ha mejorado significativamente

• Preocupación ciudadana por la corrupción: En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de diciembre de 2024, un 10,6% de los españoles identificaron la corrupción como uno de los tres principales problemas del país.

• Casos judiciales por corrupción: El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene un repositorio de datos sobre procesos por corrupción, incluyendo delitos de prevaricación, que permite conocer la acción de la justicia en la lucha contra estos delitos.

• Condenas recientes por prevaricación: En enero de 2025, la Audiencia Provincial de Valladolid condenó a dos exviceconsejeros de la Junta de Castilla y León por corrupción urbanística en el caso ‘Perla Negra’, imponiendo penas de prisión e inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación.

• Sanciones por incumplimiento de normas: En enero de 2025, el Banco de España sancionó a la Sociedad de Tasación con 540.000 euros por graves deficiencias en su organización interna y en sus procedimientos de control, afectando su capacidad para cumplir con las normas de valoración de viviendas.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre cohecho y prevaricación?

El cohecho implica aceptar o solicitar sobornos a cambio de favores o resoluciones específicas. La prevaricación, en cambio, no requiere un beneficio personal, sino que se centra en emitir resoluciones injustas de forma consciente.

¿Cuándo prevarica un funcionario?

Un funcionario prevarica cuando dicta resoluciones arbitrarias, omite sus deberes deliberadamente o actúa en contra de lo que establece la ley con pleno conocimiento de que su decisión es injusta.

¿Cómo denunciar a un funcionario por prevaricación?

Para denunciar un caso de prevaricación:

• Reúne pruebas claras que demuestren la actuación injusta o arbitraria.
• Presenta una denuncia formal ante la fiscalía o los tribunales competentes.
• Si tienes dudas, consulta con un abogado especializado en derecho penal.

¿Cuál es la diferencia entre un prevaricador y un mentiroso?

Un prevaricador comete un delito al emitir resoluciones injustas de forma consciente y abusando de su posición. Un mentiroso, aunque falta a la verdad, no necesariamente actúa con el objetivo de violar la ley o abusar de un cargo público.

¿Qué penas conlleva el delito de prevaricación?

En España, las penas incluyen la inhabilitación especial para empleo o cargo público y, en casos graves, pueden incluir prisión. Las sanciones específicas varían según el tipo y la gravedad del caso.

¿Qué diferencias existen entre prevaricación administrativa y judicial?

La prevaricación administrativa ocurre cuando un funcionario público dicta resoluciones arbitrarias en su ámbito de gestión. La prevaricación judicial, por su parte, es cometida por jueces o magistrados al dictar sentencias injustas deliberadamente.

¿Puede un particular cometer prevaricación?

No. Este delito solo puede ser cometido por autoridades, funcionarios o personas en ejercicio de una función pública. Los particulares pueden incurrir en otros delitos, pero no en prevaricación.

¿Cómo se puede prevenir la prevaricación en la administración pública?

Para prevenirla, es fundamental:

• Fortalecer los mecanismos de control interno.
• Garantizar la transparencia en los procesos administrativos y judiciales.
• Impulsar la formación ética y legal de los funcionarios públicos.
• Promover la denuncia de actos irregulares con garantías de protección para los denunciantes.