Así se lo han hecho saber a un ayuntamiento que enviaba sobres de “providencia de apremio y de embargo” junto con el nombre y la dirección del destinatario. La persona insolvente presentó una denuncia a la Agencia de Protección de Datos presentando dos sobres y sus quejas por el tamaño de sus datos personales. Finalmente el ayuntamiento solo ha recibido un aviso y no una sanción económica como es usual con las empresas privadas.

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