Ley 39/2015 de 1 de octubre: todo lo que necesitas saber sobre el procedimiento administrativo común

La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una de las normativas más importantes en el ámbito del derecho administrativo español. Se trata de una ley que regula la relación entre los ciudadanos y las administraciones públicas, estableciendo los principios, los plazos y los derechos que garantizan un trato justo y eficiente. Si alguna vez te has preguntado qué significa esta ley para ti como ciudadano, empresa o profesional, aquí te explico en detalle todo lo que necesitas saber.

¿Qué es la ley 39/2015 y por qué es importante?

La ley 39/2015 nace con el objetivo de modernizar el procedimiento administrativo, adaptándolo a un entorno digital y garantizando una mayor transparencia, eficacia y participación ciudadana. Antes de esta normativa, existían dispersas regulaciones que hacían complicado entender cuáles eran los pasos para interactuar con las administraciones públicas. Con la entrada en vigor de esta ley, el sistema se unifica, proporcionando un marco común.

Es importante porque afecta a todos los ciudadanos y empresas que, de una forma u otra, deben relacionarse con las administraciones públicas. Desde la solicitud de licencias hasta la resolución de recursos administrativos, todos estos procedimientos están regulados por esta normativa. Además, pone especial énfasis en la administración electrónica, fomentando el uso de medios digitales como forma principal de comunicación.

Ámbito de aplicación de la ley

La ley 39/2015 es de aplicación a todas las administraciones públicas, ya sean estatales, autonómicas o locales. Esto incluye ministerios, ayuntamientos, comunidades autónomas y cualquier organismo público que tenga competencias administrativas. También afecta a las personas físicas y jurídicas que interactúan con estas instituciones.

Un aspecto crucial que introduce la ley es que las empresas, las personas jurídicas y ciertos colectivos profesionales tienen la obligación de comunicarse con la administración por medios electrónicos. Esto representa un paso significativo hacia la digitalización, aunque también ha supuesto retos para quienes no están familiarizados con estas herramientas.

Principales novedades y objetivos de la ley

La ley 39/2015 incluye varias novedades clave que buscan mejorar el procedimiento administrativo:

• Administración electrónica: La ley apuesta decididamente por la digitalización de los trámites, estableciendo que las notificaciones y solicitudes deben realizarse, preferentemente, de manera electrónica. Esto agiliza los procesos y reduce los costes administrativos.
• Plazos claros: Una de las críticas habituales al sistema administrativo era la falta de claridad en los plazos. La ley establece períodos específicos para cada etapa del procedimiento, lo que da mayor seguridad jurídica al ciudadano.
• Derechos del ciudadano: Se refuerzan los derechos de los ciudadanos en su relación con la administración, garantizando, por ejemplo, el derecho a ser informado y a recibir notificaciones electrónicas.
• Sanciones más claras: Se introduce un marco normativo más detallado sobre cómo se imponen sanciones administrativas, con criterios claros para garantizar la proporcionalidad.
• Simetría en las relaciones: Las administraciones públicas también están obligadas a cumplir con plazos y procedimientos, de forma que se eliminen prácticas arbitrarias.

¿Cómo afecta la ley 39/2015 a las personas físicas?

Si eres una persona física, la ley te afecta en varios aspectos importantes:

• Notificaciones electrónicas: Aunque no estás obligado a utilizarlas, tienes la posibilidad de recibir comunicaciones administrativas a través de medios electrónicos. Esto es útil si prefieres evitar desplazamientos o esperas largas.
• Acceso a expedientes electrónicos: Ahora puedes consultar tus trámites administrativos en línea, lo que facilita el seguimiento de tus solicitudes.
• Simplificación de trámites: Muchos procedimientos se han simplificado, eliminando documentos innecesarios y duplicidades.

Un ejemplo práctico de su aplicación sería la renovación de un documento oficial, como el permiso de conducir. Con la ley 39/2015, puedes hacerlo de manera telemática, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina, lo que supone un ahorro de tiempo considerable.

¿Y las empresas y profesionales?

Para las empresas y profesionales, la ley 39/2015 introduce ciertas obligaciones que debes tener en cuenta:

• Obligación de comunicación electrónica: Las empresas deben realizar todos sus trámites administrativos a través de medios electrónicos. Esto incluye la recepción de notificaciones, la presentación de solicitudes y el seguimiento de expedientes.
• Responsabilidad en los plazos: La ley establece que las empresas deben cumplir con los plazos establecidos en sus interacciones con la administración, especialmente en lo que se refiere a recursos administrativos o solicitudes de información.
• Digitalización de procesos internos: Muchas empresas han tenido que adaptar sus sistemas internos para cumplir con los requisitos de la ley, lo que, a largo plazo, puede suponer una ventaja competitiva.

Por ejemplo, una empresa que necesite solicitar una subvención debe hacerlo a través del portal correspondiente, cumpliendo con los requisitos de firma digital y documentación en formato electrónico.

El procedimiento administrativo común: fases y características

La ley establece un procedimiento estándar para garantizar la uniformidad en todas las administraciones. Este procedimiento se compone de las siguientes fases:

• Iniciación: El proceso puede iniciarse de oficio (por la administración) o a solicitud del interesado. Aquí es clave presentar toda la documentación requerida.
• Instrucción: Durante esta fase, la administración recopila pruebas y realiza las actuaciones necesarias para evaluar la solicitud. También se notifican los posibles defectos que deban subsanarse.
• Resolución: Una vez recopilada toda la información, la administración dicta una resolución que pone fin al procedimiento. Esta resolución debe estar debidamente motivada y cumplir con los plazos establecidos.
• Revisión: Si no estás conforme con la resolución, puedes interponer un recurso administrativo, ya sea de alzada o reposición, dependiendo del caso.

La ley 39/2015 de 1 de octubre representa un cambio significativo en la relación entre los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. Al fomentar la digitalización, busca agilizar los trámites, garantizar la transparencia y simplificar la vida de quienes interactúan con las instituciones.

Aunque puede parecer compleja al principio, entender sus principios básicos te ayudará a navegar con más facilidad en cualquier trámite administrativo. Si bien las empresas y profesionales tienen mayores obligaciones, también se benefician de procedimientos más rápidos y eficientes.

Si te surgen dudas sobre cómo aplicar esta ley a tu situación particular, siempre puedes acudir a un abogado especializado que te oriente en los pasos a seguir. Conocer y aprovechar las herramientas que pone a tu disposición esta normativa puede marcar una gran diferencia en tu relación con la administración pública.

Preguntas frecuentes

¿Qué regula la Ley 39/2015 de 1 de octubre?

La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, estableciendo las bases para las relaciones entre los ciudadanos, las empresas y las administraciones. Esto incluye derechos, plazos, notificaciones y la obligación de utilizar medios electrónicos en determinados casos.

¿Qué es lo más importante de la Ley 39/2015?

Lo más importante de esta ley es la apuesta por la administración electrónica, la simplificación de los trámites y el establecimiento de derechos claros para los ciudadanos. También garantiza plazos específicos para que la Administración resuelva y motiva sus decisiones, fortaleciendo la seguridad jurídica.

¿Qué plazo tiene la Administración para contestar una solicitud?

El plazo general para que la Administración resuelva una solicitud es de tres meses, salvo que una normativa específica establezca un plazo diferente. Si la Administración no contesta dentro de este plazo, se aplica el silencio administrativo, que puede ser positivo o negativo según el caso.

¿Qué requisitos debe cumplir una notificación en papel según el artículo 42 de la Ley 39/2015?

Las notificaciones en papel deben cumplir los siguientes requisitos:

• Identificar correctamente al remitente y al destinatario.
• Contener el texto íntegro de la resolución, acto o comunicación.
• Incluir información sobre los recursos disponibles, su plazo y ante quién deben interponerse.
• Ser entregadas en el domicilio designado por el interesado o, en su defecto, en cualquier lugar adecuado para garantizar su recepción.

¿Qué requisitos debe cumplir una notificación para que sea válida?

Para ser válida, una notificación debe:

• Garantizar que el destinatario la ha recibido.
• Contener el texto completo del acto administrativo.
• Informar al destinatario sobre los recursos legales disponibles.
• Respetar los plazos y formas establecidos por la ley, ya sea en papel o en formato electrónico.

¿Qué ocurre si en el buzón de notificaciones el destinatario no ha accedido en un plazo superior a 10 días?

Si el destinatario no accede a su buzón de notificaciones en un plazo superior a 10 días naturales desde que la notificación está disponible, esta se considera rechazada. Esto implica que, a todos los efectos, se da por notificada, incluso si el destinatario no la ha leído.

¿Qué es el silencio administrativo y cómo se aplica?

El silencio administrativo es el efecto jurídico que se produce cuando la Administración no responde en el plazo establecido. Puede ser:

• Positivo: La solicitud del interesado se considera aceptada.
• Negativo: La solicitud del interesado se considera denegada. El tipo de silencio administrativo aplicable depende de la normativa específica del procedimiento.

¿Quién está obligado a relacionarse con la Administración por medios electrónicos?

Están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración:

• Las personas jurídicas (empresas y asociaciones).
• Las entidades sin personalidad jurídica.
• Los profesionales colegiados en el ejercicio de su actividad.
• Los empleados públicos cuando actúen como tales.

¿Qué ocurre si la Administración incumple el plazo de resolución?

Si la Administración no resuelve en el plazo establecido, el interesado puede:

• Considerar su solicitud aceptada o rechazada, según el tipo de silencio administrativo.
• Interponer los recursos administrativos correspondientes para reclamar sus derechos.

¿Puedo solicitar asistencia presencial para realizar trámites si no manejo los medios electrónicos?

Sí, si eres una persona física no obligada a usar medios electrónicos, puedes acudir a las oficinas de asistencia en materia de registros que las Administraciones Públicas están obligadas a ofrecer para ayudarte a presentar tus solicitudes y documentos.