El término delito hace referencia a aquellas conductas u omisiones que el ordenamiento jurídico penal de un país, en este caso España, considera reprochables y sancionables. Para que un acto se catalogue como delito, es necesario que contravenga un bien jurídico protegido (vida, libertad, patrimonio, orden público, entre otros) y que, además, esté descrito en la legislación penal aplicable —el Código Penal— junto con la pena que puede imponerse. Este concepto, por tanto, sirve como mecanismo de control social y jurídico, al delimitar cuáles son las acciones que pueden perjudicar gravemente a la comunidad o a individuos concretos.

La tipificación de un delito implica que la conducta prohibida se defina de manera clara y precisa para que cualquier persona, independientemente de su formación, conozca las consecuencias penales de sus acciones. Así, se ofrecen garantías a la ciudadanía, ya que nadie puede ser juzgado o castigado por hechos no descritos previamente como delito.

Contextualización histórica y social de los delitos

En España, el entendimiento de qué se considera delito no ha sido siempre el mismo. Históricamente, se ha pasado por diferentes fases en la concepción y la regulación penal. En la Edad Media, el ámbito penal estaba enormemente ligado a la religión y la moral de la época, y las penas tendían a ser muy severas o incluso desproporcionadas con respecto al daño causado. Con el paso de los siglos y la aparición de la Ilustración, se introdujo el concepto de proporción de la pena —es decir, que esta fuera adecuada a la gravedad del acto—, lo que sentaría las bases de la reforma penal moderna.

En la actualidad, la visión social sobre la delincuencia se ha vuelto más compleja, pues no solo se tienen en cuenta cuestiones de castigo, sino también de prevención, reinserción y de búsqueda de justicia restaurativa. La legislación española, en particular desde la aprobación del Código Penal de 1995, ha ido incorporando nuevas figuras delictivas, adaptándose a la evolución de la tecnología (delitos informáticos) y a las sensibilidades emergentes (delitos de odio, acoso, violencia de género). Esto refleja la relación dinámica entre la sociedad y el derecho penal, que deben evolucionar de forma coordinada para brindar una respuesta efectiva a las nuevas formas de criminalidad.

Clasificación de los delitos según su gravedad

Para el sistema jurídico español, es fundamental graduar los actos delictivos en función de su severidad. Con ello se busca que la pena sea proporcional a la trascendencia de la conducta y al daño causado a la víctima o a la sociedad en general. El Código Penal distingue habitualmente entre delitos graves, menos graves y leves, atendiendo a factores como la duración de la pena y la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos.

Delitos graves

Los delitos graves engloban aquellas conductas que atacan de forma directa y contundente bienes jurídicos de gran relevancia social, como la vida, la libertad sexual, la integridad física o la seguridad colectiva. Aquí se incluyen, por ejemplo, el homicidio, el asesinato, la violación y la terrorismo. Estas infracciones conllevan penas privativas de libertad que, por lo general, superan los cinco años, y en algunos casos pueden llegar incluso hasta la pena máxima prevista por la ley.

Resulta importante subrayar que las consecuencias penales para los delitos graves no solo buscan un efecto disuasorio, sino también una clara protección de la sociedad frente a acciones que comprometen gravemente el orden y la convivencia.

Delitos menos graves

Los delitos menos graves, por su parte, atacan bienes jurídicos de relevancia, pero no de forma tan intensa como los delitos graves. Entre ellos se pueden encontrar el hurto de cuantías importantes, la estafa, algunas formas de lesiones que no revistan extrema gravedad y ciertas conductas de violencia doméstica cuando no alcancen el grado de gravedad superior.

Las penas para los delitos menos graves suelen oscilar entre los tres meses y los cinco años de prisión, aunque en algunos casos puede tratarse de multas o trabajos en beneficio de la comunidad. La evaluación de la gravedad se determina analizando factores como la extensión del daño, la reincidencia o las circunstancias personales del autor.

Delitos leves

Antiguamente conocidos como faltas, los delitos leves abarcan aquellas conductas que, si bien son reprochables, no llegan a tener un impacto profundo en la sociedad o en la víctima. Un ejemplo podría ser la alteración leve del orden público o las coacciones leves. Por lo general, sus penas son de menor duración o incluso se traducen en sanciones económicas y trabajos en beneficio de la comunidad.

A pesar de su menor repercusión, los delitos leves mantienen un cierto carácter retributivo y preventivo, recordando la importancia del respeto a las normas y de la convivencia pacífica en sociedad.

Clasificación según la intención del agente

Además de la gravedad, el legislador también tiene en cuenta la intención con la que se comete el delito. Un mismo resultado (por ejemplo, la muerte de una persona) puede ser calificado de manera distinta según si existía dolo, es decir, propósito o conocimiento previo de las consecuencias, o si se debió a una imprudencia o negligencia grave.

• Delitos dolosos: Se cometen con conocimiento y voluntad de cometer el hecho delictivo. El autor es consciente del daño que puede causar y, aun así, realiza la conducta prohibida.
• Delitos imprudentes: Se producen por descuido, negligencia o falta de atención que el autor debería haber tenido. No existe el ánimo de provocar el resultado lesivo, pero se ocasiona igualmente por imprudencia.

Esta clasificación es fundamental para determinar la pena, ya que el ordenamiento penal castiga con mayor severidad los delitos dolosos por la mayor culpabilidad o reprochabilidad de la conducta.

Clasificación según la forma de comisión

Los delitos también pueden clasificarse atendiendo a cómo se ejecutan:

• Delitos de acción: Se refieren a conductas positivas, es decir, a la realización concreta de un acto prohibido (matar, robar, agredir).
• Delitos de omisión: Se originan cuando, existiendo la obligación de actuar, el sujeto no lo hace (no socorrer a una persona herida o no impedir un daño cuando se está legalmente obligado a evitarlo).

Dentro de esta tipología cobra importancia la distinción entre omisión propia (cuando la ley castiga exclusivamente el hecho de no actuar) y omisión impropia (cuando la ley castiga no actuar como si se hubiera producido una acción que provoca el resultado lesivo).

Clasificación según el bien jurídico protegido

Este es uno de los criterios más relevantes para la sistematización de los delitos en el Código Penal español. Se parte de la idea de que la función principal del derecho penal es proteger determinados valores esenciales para la vida en sociedad. Así, los delitos suelen agruparse según el bien jurídico que se pone en peligro o se daña:

• Delitos contra la vida y la integridad física: Homicidio, asesinato, lesiones.
• Delitos contra la libertad: Secuestro, coacciones, amenazas.
• Delitos contra la libertad sexual: Violación, abusos, acoso sexual.
• Delitos contra el patrimonio: Robo, hurto, estafa, apropiación indebida.
• Delitos contra la administración pública: Prevaricación, cohecho, malversación.
• Delitos contra la seguridad pública: Delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas.
• Delitos contra el orden público: Altercados colectivos, terrorismo.

Esta clasificación busca poner el foco en la protección de bienes considerados indispensables para la convivencia y la dignidad humana.

Clasificación según la perseguibilidad

El derecho penal contempla también si los delitos son perseguibles de oficio, es decir, si el Ministerio Fiscal o los órganos de la justicia pueden iniciar el proceso independientemente de la voluntad de la víctima, o si, por el contrario, se requiere de la denuncia previa del agraviado. Esta distinción resulta crucial para determinar cuándo y cómo puede intervenir la autoridad penal:

• Delitos públicos: Son aquellos que se persiguen de oficio, como el homicidio, la agresión sexual o la violencia de género.
• Delitos semipúblicos: Precisarán, por norma, una denuncia de la víctima, aunque en casos extremos el Estado puede actuar de oficio.
• Delitos privados: Su persecución depende exclusivamente de la iniciativa de la víctima o de sus herederos, como ocurre en los delitos de calumnia o injuria, que generalmente requieren querella para iniciarse.

Clasificación según las características del autor

En determinados casos, la relevancia del delito está estrechamente ligada a quién comete la acción. Hay infracciones que solo pueden ser cometidas por personas con un perfil específico, ya sea por su profesión, su función pública o su situación particular:

• Delitos propios: Exigen que el autor tenga una cualidad concreta. Un ejemplo es el delito de prevaricación, que solo puede ser cometido por un funcionario público o autoridad que dicte una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.
• Delitos comunes: Pueden ser cometidos por cualquier persona, sin que se requiera una característica o condición especial.

Clasificación según el ámbito de realización

Dependiendo de dónde y cómo se desarrollen los hechos, se distinguen varios ámbitos:

• Delitos nacionales: Aquellos que se cometen dentro del territorio español o que, conforme a los convenios internacionales y a la ley, España puede perseguir.
• Delitos internacionales: Algunos actos, como el genocidio o los crímenes de guerra, se persiguen de acuerdo con tratados internacionales y convenios de colaboración entre Estados.
• Delitos transnacionales: Implican un cruce de fronteras para su comisión, como el tráfico de personas, el narcotráfico o el blanqueo de capitales. Su persecución requiere de colaboración internacional y de procedimientos de extradición en ciertos casos.

Clasificación según el momento de consumación

La ley penal también diferencia los delitos según si efectivamente se ha llegado a consumar la conducta o se ha quedado en una fase previa:

• Delito consumado: Cuando el resultado típico descrito en el código penal se ha materializado (por ejemplo, la muerte en un homicidio).
• Tentativa: Cuando, pese a la voluntad de cometer el delito, este no se ha consumado por circunstancias ajenas a la persona. La tentativa es punible, pero con una rebaja en la pena respecto al delito consumado.
• Actos preparatorios: Suelen ser impunes, salvo que la ley contemple expresamente lo contrario (como ocurre con la conspiración, la proposición o la inducción en delitos especialmente graves).

Ejemplos prácticos y casos reales

Para ilustrar la complejidad de estas clasificaciones, basta pensar en un caso de robo con violencia en el que el autor utiliza un arma y amenaza a la víctima. Se trata de un delito grave por el uso de la violencia y la peligrosidad de la conducta, que atenta contra el patrimonio y la libertad de la víctima. Además, se comete con dolo, pues el infractor tenía clara intención de robar.

Otro ejemplo podría ser el de una estafa informática cometida mediante phishing. Se consideraría un delito menos grave, pero aun así penalmente perseguible. Si la cuantía defraudada fuese muy elevada, la pena podría agravarse. Asimismo, el uso de la tecnología remarca la importancia de adaptar el Código Penal a las nuevas formas de criminalidad.

Impacto de los delitos en las víctimas

Las personas que sufren un delito no solo experimentan pérdidas económicas o daños físicos; también padecen daños psicológicos, temor a nuevos ataques y un sentimiento de vulnerabilidad que puede prolongarse en el tiempo. Precisamente por ello, la legislación española insiste en la necesidad de reparación y de protección de la víctima, ofreciendo diversas herramientas: órdenes de alejamiento, medidas cautelares, asistencia jurídica gratuita o tratamiento psicológico, entre otras.

Además, en los últimos años se ha dado un impulso a la justicia restaurativa, que pretende reparar el daño causado y favorecer la reinserción social del delincuente, siempre con la participación y el consentimiento de la víctima.

Derecho español comparado con otros países

El modelo penal español comparte principios con otros sistemas jurídicos europeos, al formar parte de un espacio normativo cada vez más coordinado. No obstante, cada país mantiene sus peculiaridades:

• En algunos Estados, la pena de cadena perpetua se contempla con matices distintos, mientras que en España existe la prisión permanente revisable en supuestos muy concretos.
• En países con sistemas jurídicos basados en la common law (como Reino Unido o Estados Unidos), la tipificación de los delitos puede ser más flexible y adaptada a precedentes judiciales, aunque el fondo protector de bienes jurídicos sea similar.
• Muchos países de la Unión Europea apuestan también por la cooperación judicial para luchar contra la delincuencia transnacional, un fenómeno que obliga a armonizar ciertos criterios de persecución y sanción.

El papel de los abogados penalistas

Los abogados penalistas desempeñan una función esencial en todo procedimiento penal. Su labor no solo consiste en la defensa técnica del acusado, sino también en la asistencia a la víctima y en la orientación jurídica sobre los derechos y obligaciones de cada parte. Entre las tareas más destacadas de estos profesionales se encuentran:

• Examinar la legalidad del procedimiento y proteger las garantías constitucionales del cliente.
• Preparar la estrategia de defensa o de acusación particular según corresponda, estudiando la prueba y los posibles atenuantes o agravantes.
• Negociar, en los casos que proceda, con la Fiscalía o con la otra parte un eventual acuerdo para evitar juicios largos o inciertos.
• Acompañar al cliente durante el desarrollo del juicio, velando por sus intereses y derechos en todo momento.

Su papel resulta crucial para asegurar la correcta aplicación de la ley y el respeto al principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

Opinión experta

Diversos juristas y expertos en ciencias penales afirman que la clasificación de los delitos es una herramienta indispensable para comprender el alcance y la esencia de la conducta delictiva. Aun así, subrayan que estas categorías no deben verse como estructuras rígidas e inamovibles. Muy al contrario, debe existir una actitud flexible por parte del legislador y de los tribunales para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la sociedad.

Además, se insiste en la necesidad de combinar el castigo con programas de prevención del delito y de reinserción social, de modo que el sistema penal no se limite a reprimir, sino que también sea capaz de evitar la reincidencia y reparar el daño a las víctimas. El derecho penal del siglo XXI se enfrenta al reto de legislar con rigor, pero también con empatía y con la mirada puesta en la dimensión humana de cada caso.

En conclusión, el mundo de los delitos en España es un ámbito jurídico amplio y complejo en el que entran en juego consideraciones históricas, sociales, políticas y jurídicas. Cada uno de los tipos delictivos encierra realidades diversas, y su correcta comprensión resulta esencial tanto para los profesionales del derecho como para la ciudadanía, que debe conocer los límites legales y las consecuencias de sus actos para vivir en una sociedad más justa y segura.

Datos de actualidad

• Aumento de los ciberataques en 2024: Los ciberataques alcanzaron un récord histórico en 2024, duplicando las pérdidas económicas del año anterior y sumando un total de 10.000 millones de euros. La inteligencia artificial ha incrementado la precisión de estos ataques, facilitando fraudes y estafas a través de técnicas como phishing y vishing.
• Incremento de las agresiones sexuales en Cantabria: En Cantabria, las agresiones sexuales aumentaron un 32% en la primera mitad de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023, registrándose más de tres violaciones al mes. A nivel nacional, las denuncias por agresiones sexuales casi alcanzaron las 4.000, con un incremento del 6,6%.
• Crecimiento de los delitos de odio: La Fiscalía General del Estado reportó un incremento del 300% en las diligencias abiertas por delitos de odio, alcanzando 511 casos en 2023. La mayoría de las denuncias corresponden a racismo y xenofobia, seguidas por orientación sexual e identidad de género.
• Aumento de la criminalidad en el primer semestre de 2024: La criminalidad en España aumentó un 3% en la primera mitad de 2024 en comparación con el mismo período de 2023, con incrementos notables en violaciones (+6,9%), homicidios consumados (+8,3%) y delitos de lesiones y riña tumultuaria (+8,6%). Los ciberdelitos también mostraron un aumento significativo del 9,2%.
• Provincias con mayor incidencia de delitos sexuales: Las cuatro provincias catalanas registraron las tasas más altas de delitos sexuales en España durante los primeros nueve meses de 2024. Lérida encabezó la lista con 20 agresiones por cada cien mil habitantes, seguida de Gerona con 17,9.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tipos de delito?

Existen varias formas de clasificar los delitos. Según su gravedad, se dividen en delitos graves, menos graves y leves. También pueden clasificarse por su intencionalidad (dolosos o imprudentes), el bien jurídico protegido, o el ámbito de comisión (nacionales o internacionales).

¿Cuáles son los delitos más comunes en España?

Entre los delitos más frecuentes en España se encuentran los hurtos, robos, delitos contra la seguridad vial, estafas, delitos relacionados con la violencia de género y el tráfico de drogas.

¿Qué 3 tipos de delitos hay según la forma procesal?

Según la forma procesal, los delitos se clasifican en delitos públicos (perseguidos de oficio), delitos semipúblicos (requieren denuncia de la víctima) y delitos privados (solo se persiguen mediante querella del afectado).

¿Cuáles son los 9 delitos?

En el ámbito penal, se suelen agrupar los delitos en grandes categorías según el bien jurídico protegido. Algunas de estas incluyen:

1. Delitos contra las personas.
2. Delitos contra el patrimonio.
3. Delitos contra la libertad.
4. Delitos sexuales.
5. Delitos contra el honor.
6. Delitos contra la intimidad.
7. Delitos contra la administración pública.
8. Delitos contra la administración de justicia.
9. Delitos contra el orden público.

¿Qué delitos son los más comunes?

Los delitos más comunes suelen variar según el contexto social. En España, los hurtos, estafas, y delitos relacionados con la seguridad vial son especialmente frecuentes, así como los delitos de violencia doméstica y de género.

¿Qué significa el cohecho?

El cohecho es un delito que consiste en ofrecer, prometer o entregar dinero o beneficios a un funcionario público para que realice o deje de realizar un acto relacionado con sus funciones. También incluye la aceptación de dichas ventajas por parte del funcionario.

¿Qué diferencia hay entre un delito doloso y uno imprudente?

Un delito doloso se comete con intención y conocimiento de las consecuencias del acto, mientras que un delito imprudente ocurre por negligencia o falta de precaución, sin intención directa de causar daño.

¿Qué es un delito leve?

Los delitos leves son aquellos considerados de menor gravedad y suelen castigarse con multas o penas como trabajos en beneficio de la comunidad. Ejemplos incluyen pequeñas faltas contra el patrimonio o el orden público.

¿Qué penas se aplican a los delitos graves en España?

Los delitos graves conllevan penas de prisión superiores a 5 años. Además, pueden incluir la inhabilitación para ciertos derechos o profesiones, dependiendo del tipo de delito.

¿Qué es un delito contra el honor?

Un delito contra el honor es aquel que afecta la dignidad o reputación de una persona. Ejemplos de este tipo de delito son la calumnia, que consiste en atribuir falsamente un delito a otra persona, y la injuria, que implica ofensas o expresiones que dañan la dignidad de alguien.