Convenio regulador en custodia compartida: todo lo que debes saber

Cuando una pareja con hijos decide separarse, una de las cuestiones más importantes a resolver es cómo se organizará la vida de los menores a partir de ese momento. En este contexto, el convenio regulador se convierte en una pieza clave, ya que establece las normas que regirán la custodia y el bienestar de los hijos.

Si estás en esta situación, es probable que te surjan muchas dudas: ¿qué es exactamente un convenio regulador?, ¿qué debe incluir?, ¿es obligatorio?, ¿cómo se establece en caso de custodia compartida? En este artículo, voy a explicarte todo lo que necesitas saber, con el objetivo de que tengas una visión clara y completa sobre este tema.

¿Qué es un convenio regulador?

El convenio regulador es un documento legal en el que los progenitores plasman los acuerdos alcanzados tras su separación o divorcio en relación con sus hijos y otros aspectos familiares. Este documento debe ser aprobado por un juez para que tenga validez legal y se cumpla con todas las garantías.

En el caso de la custodia compartida, el convenio regulador adquiere una especial importancia, ya que regula aspectos como la convivencia de los hijos con cada progenitor, la organización de su día a día, la pensión de alimentos y otros gastos, así como la toma de decisiones sobre cuestiones importantes en su vida.

Es fundamental que este convenio esté bien redactado y contemple todas las situaciones posibles para evitar conflictos en el futuro. En este sentido, contar con un abogado especializado en derecho de familia puede marcar la diferencia.

¿Es obligatorio tener un convenio regulador?

Sí, el convenio regulador es obligatorio cuando una pareja con hijos se separa y quiere regular de manera formal la custodia y el régimen de visitas. Esto es así tanto si la separación se produce de mutuo acuerdo como si es contenciosa.

En un divorcio de mutuo acuerdo, los progenitores presentan conjuntamente el convenio regulador al juez, quien lo revisa y, si todo está conforme a derecho y protege el interés superior del menor, lo aprueba.

En caso de desacuerdo, será el juez quien determine las condiciones de la custodia y otros aspectos relacionados con los hijos, basándose en el interés superior de estos.

¿Qué debe incluir un convenio regulador de custodia compartida?

Para que un convenio regulador sea completo y cumpla con su función, debe incluir una serie de puntos esenciales que detallen la organización de la custodia compartida. Entre los más importantes, encontramos los siguientes:

Ejercicio de la patria potestad y régimen de custodia

La patria potestad hace referencia a la responsabilidad y derechos que tienen los progenitores sobre sus hijos menores. En la mayoría de los casos, esta se mantiene compartida, incluso cuando uno de los progenitores tiene la custodia en exclusiva.

El régimen de custodia compartida establece cómo se repartirán los tiempos de convivencia con los hijos. Es importante definir si la alternancia será semanal, quincenal, mensual u otra modalidad que se adapte a las circunstancias de la familia.

Domicilios y traslados

Un aspecto clave en la custodia compartida es la ubicación de los domicilios de los progenitores. Lo ideal es que los hijos puedan mantener una rutina estable, sin cambios drásticos en su entorno escolar y social.

También debe detallarse cómo se realizarán los traslados entre los domicilios de los progenitores, estableciendo quién será responsable del transporte y cómo se organizarán los cambios de domicilio.

Gastos de manutención y extraordinarios

Aunque en la custodia compartida ambos progenitores asumen la responsabilidad económica de los hijos, esto no significa que no pueda existir una pensión de alimentos. Si uno de los progenitores tiene una mayor capacidad económica o si los ingresos son desiguales, el juez puede establecer una contribución para garantizar que el nivel de vida de los menores no se vea afectado.

Además de los gastos ordinarios, hay que especificar cómo se repartirán los gastos extraordinarios, es decir, aquellos imprevistos o no habituales, como tratamientos médicos no cubiertos por la Seguridad Social, actividades extracurriculares o viajes escolares.

Comunicación y toma de decisiones

El convenio regulador debe establecer cómo se llevará a cabo la comunicación entre los progenitores y con los hijos. Hoy en día, el uso de llamadas telefónicas, videollamadas y aplicaciones de mensajería son herramientas fundamentales para mantener el vínculo con los hijos cuando están con el otro progenitor.

Asimismo, es importante acordar cómo se tomarán las decisiones sobre aspectos relevantes en la vida del menor, como la educación, la salud o la participación en actividades deportivas y culturales.

Uso de la vivienda familiar

Uno de los aspectos más delicados tras una separación es el uso de la vivienda familiar. En muchos casos, los hijos permanecen en el domicilio y los progenitores se alternan en la convivencia con ellos (modelo conocido como casa nido), aunque esta opción suele ser poco práctica a largo plazo.

En otros casos, se decide que uno de los progenitores mantenga la vivienda con los hijos y el otro busque otro domicilio, estableciendo compensaciones económicas si fuera necesario.

Cláusulas de revisión y modificación

Las circunstancias de una familia pueden cambiar con el tiempo, por lo que es recomendable incluir cláusulas de revisión en el convenio regulador. Estas cláusulas permiten modificar el acuerdo en caso de que se produzcan cambios significativos en la situación económica, laboral o personal de los progenitores o en las necesidades de los hijos.

¿Qué ocurre si no se cumple el convenio regulador?

El convenio regulador tiene carácter vinculante una vez aprobado por el juez, por lo que su incumplimiento puede tener consecuencias legales. Si uno de los progenitores no respeta lo pactado, el otro puede acudir al juzgado para exigir su cumplimiento.

Entre las posibles consecuencias del incumplimiento se encuentran:

• Modificación del régimen de custodia o visitas, si se considera que el comportamiento de uno de los progenitores perjudica el bienestar del menor.
• Sanciones económicas, en caso de impago de la pensión de alimentos o incumplimiento de otras obligaciones económicas.
• Responsabilidad penal, en situaciones graves de incumplimiento reiterado.

Por este motivo, es fundamental que el convenio regulador sea claro y preciso, evitando ambigüedades que puedan dar lugar a conflictos.

¿Cómo se aprueba el convenio regulador?

El proceso para la aprobación del convenio regulador en custodia compartida sigue estos pasos:

• Redacción del convenio: los progenitores acuerdan los términos con la ayuda de sus abogados.
• Presentación ante el juzgado: en caso de mutuo acuerdo, se presenta junto con la demanda de divorcio o separación.
• Revisión por el juez: el juez examina el contenido del convenio para asegurarse de que protege el interés del menor.
• Ratificación: si todo está en orden, el juez ratifica el convenio, dándole validez legal.

Si el convenio es rechazado por el juez porque considera que alguna cláusula puede perjudicar al menor, los progenitores deberán modificarlo o, en su defecto, será el juez quien establezca las condiciones definitivas.

El convenio regulador en casos de custodia compartida es un documento esencial para garantizar una organización clara y justa tras una separación. Su correcta redacción permite evitar conflictos y asegurar que los hijos mantengan una estabilidad emocional y económica.

Si estás en este proceso, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado que te ayude a redactar un convenio equilibrado, adaptado a vuestras circunstancias y, sobre todo, enfocado en el bienestar de tus hijos.

Estadísticas relevantes

• Incremento de la custodia compartida en España: En 2023, la custodia compartida se otorgó en el 48,4% de los casos de divorcio con hijos menores, superando por primera vez a las custodias exclusivas otorgadas a las madres, que representaron el 47,8%.

• Variaciones regionales en la concesión de custodias compartidas: En la Región de Murcia, solo el 30% de las custodias fueron compartidas, cifra significativamente inferior a la media nacional del 47%.

• Disoluciones matrimoniales en la Comunitat Valenciana: En 2024, la Comunitat Valenciana registró 11.581 demandas de disolución matrimonial, situándose como la segunda autonomía española en número de disoluciones matrimoniales por cada 100.000 habitantes, solo superada por Canarias. ​

• Aumento de las disoluciones matrimoniales en Castilla-La Mancha: En 2024, Castilla-La Mancha registró 4.256 separaciones, divorcios y nulidades matrimoniales, un 4,5% más que en 2023. ​

• Evolución de la custodia compartida en la última década: La custodia compartida ha experimentado un notable incremento en España, pasando del 17,9% en 2013 al 45,5% en 2022.

Preguntas frecuentes sobre el convenio regulador en custodia compartida

¿Qué es un convenio regulador de custodia compartida?

El convenio regulador de custodia compartida es un documento legal que establece los acuerdos alcanzados entre los progenitores tras su separación o divorcio en relación con sus hijos menores. Incluye aspectos clave como la convivencia, los tiempos de custodia, los gastos de manutención, el régimen de visitas y la toma de decisiones sobre la educación y la salud de los menores. Este documento debe ser aprobado por un juez para que tenga validez legal y garantizar el bienestar de los hijos.

¿Cuándo hay custodia compartida hay que pagar pensión?

Depende de la situación económica de ambos progenitores. En un modelo ideal de custodia compartida, donde ambos tienen ingresos similares y contribuyen equitativamente a los gastos de los hijos, no sería necesaria una pensión de alimentos. Sin embargo, si uno de los progenitores tiene ingresos significativamente inferiores o si los hijos residen más tiempo en una de las viviendas, el juez puede establecer una pensión para equilibrar el nivel de vida de los menores.

¿Qué poner en un convenio regulador con hijos?

Un convenio regulador con hijos debe incluir, al menos, los siguientes puntos:

• Régimen de custodia: Definir si será compartida o exclusiva.
• Tiempos de estancia: Especificar cómo se repartirán los periodos de convivencia.
• Domicilios y traslados: Determinar cómo se realizarán los cambios de residencia.
• Gastos de manutención: Indicar si se establece una pensión de alimentos y cómo se cubrirán los gastos extraordinarios.
• Toma de decisiones: Acordar cómo se decidirán temas importantes como educación, salud y actividades extracurriculares.
• Comunicación con los hijos: Regular las llamadas, videollamadas y otros medios de contacto con el progenitor que no esté en ese momento con los menores.

¿Cuándo no es recomendable la custodia compartida?

La custodia compartida no es recomendable en ciertos casos, como por ejemplo:

• Conflictos graves entre los progenitores, que impidan una comunicación mínima para coordinar la crianza de los hijos.
• Situaciones de maltrato o violencia de género, ya que el bienestar del menor puede verse afectado.
• Distancia geográfica considerable, si uno de los progenitores vive lejos y el traslado frecuente afectaría la estabilidad del menor.
• Disponibilidad de los progenitores, si uno de ellos no puede garantizar el cuidado diario de los hijos debido a horarios de trabajo u otras circunstancias.

¿Qué valora un juez para dar custodia compartida?

El juez tiene en cuenta varios factores para otorgar la custodia compartida, entre ellos:

• El interés superior del menor, priorizando su bienestar emocional y estabilidad.
• La relación previa de cada progenitor con los hijos, evaluando su implicación en la crianza.
• La capacidad de los progenitores para cooperar, especialmente en la toma de decisiones sobre los hijos.
• La proximidad de los domicilios, para evitar alteraciones en la rutina de los menores.
• Las preferencias de los hijos, si tienen suficiente madurez para expresar su opinión.

¿Cuándo se deniega la custodia compartida?

El juez puede denegar la custodia compartida en situaciones donde considere que no es la mejor opción para el menor, como:

• Falta de cooperación entre los progenitores, con conflictos constantes que afecten a los hijos.
• Historial de violencia o maltrato, ya sea hacia el otro progenitor o hacia los menores.
• Desinterés o falta de implicación de uno de los progenitores, si no ha participado activamente en la crianza.
• Circunstancias personales inadecuadas, como problemas de adicción, inestabilidad económica extrema o falta de una vivienda adecuada.

¿Qué ocurre si uno de los progenitores no cumple el convenio regulador?

Si uno de los progenitores incumple el convenio regulador, el otro puede presentar una demanda de ejecución ante el juzgado para exigir su cumplimiento. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, el juez puede tomar medidas como modificar la custodia, imponer multas o, en casos extremos, establecer consecuencias penales.

¿Es posible modificar un convenio regulador de custodia compartida?

Sí, pero para ello debe haber un cambio sustancial en las circunstancias que justificaron el convenio original. Esto puede incluir cambios en la situación laboral, en la residencia de los progenitores, problemas en la convivencia con los hijos o cualquier otro factor que afecte el bienestar de los menores. La modificación debe ser aprobada por un juez.

¿Puede un niño elegir con quién vivir en un caso de custodia compartida?

En España, los jueces tienen en cuenta la opinión de los menores cuando tienen suficiente madurez para expresarla, generalmente a partir de los 12 años, aunque no es un criterio vinculante. La decisión final siempre se tomará en función del interés superior del menor, evaluando si su deseo es realmente beneficioso para su desarrollo y bienestar.

¿Cuánto tarda un juez en aprobar un convenio regulador de custodia compartida?

El tiempo puede variar según la carga de trabajo del juzgado y la complejidad del caso. En procedimientos de mutuo acuerdo, la aprobación del convenio suele tardar entre uno y tres meses. Si hay disputa entre los progenitores, el proceso puede alargarse hasta varios meses o incluso más de un año si hay que recurrir a informes psicosociales y vistas judiciales.