Servicios para empresas

Apoyo jurídico para las decisiones de tu actividad

Una empresa necesita asesoramiento tanto cuando aparece un conflicto como antes de asumir compromisos. Un contrato comercial, la entrada de un socio o una decisión sobre plantilla pueden afectar a varias áreas a la vez. Estudiar esas conexiones permite conocer las consecuencias antes de firmar o comunicar una medida.

En EOM reunimos distintas especialidades para asesorar a empresas y autónomos. Podemos trabajar sobre una operación concreta o definir una colaboración continuada. El punto de partida es conocer la actividad, la estructura y las necesidades, sin proponer el mismo servicio a todos los negocios.

La atención puede organizarse de forma presencial o a distancia, con un seguimiento adaptado a la actividad de la empresa. Concretamos interlocutores, documentación y alcance para que sepas qué asuntos puedes dirigir al despacho y qué actuaciones requieren una propuesta específica.

Contratos con clientes, proveedores y colaboradores

Los contratos deben reflejar lo que la empresa entrega, cobra y asume. Revisamos objeto, precio, pagos, duración, responsabilidades, garantías, confidencialidad y salida de la relación, entre otros aspectos según la operación. Un modelo puede ser un punto de partida, pero no conoce cómo funciona tu actividad.

La revisión también comprueba anexos, condiciones generales, pedidos y propuestas comerciales. Es frecuente que documentos separados contengan compromisos que no encajan entre sí. Aclararlos antes de contratar puede evitar discusiones sobre alcance, plazos o aceptación del trabajo.

Si se negocia con una contraparte, conviene identificar qué condiciones son esenciales y cuáles pueden ajustarse. El asesoramiento debe ayudar a decidir con información, no frenar cualquier operación por la mera existencia de riesgo. Explicamos las consecuencias jurídicas y las opciones para gestionarlas.

Socios, administración y acuerdos societarios

La relación entre socios requiere reglas sobre participación, decisiones, aportaciones, transmisión y posibles salidas. Estatutos, pactos y acuerdos deben examinarse conjuntamente. Un acuerdo privado puede tener límites de eficacia que no se resuelven añadiendo una cláusula genérica de obligado cumplimiento.

También se revisan la convocatoria y documentación de decisiones societarias, los deberes del órgano de administración y las operaciones que necesitan aprobación o formalización. El cumplimiento depende de la forma social y de la actuación concreta, no solo del tamaño económico del negocio.

Cuando surge un conflicto entre socios, es importante distinguir los intereses de la sociedad, los administradores y cada participante. No siempre pueden ser defendidos por el mismo profesional. La comprobación de conflictos y la definición del cliente forman parte del encargo.

Cobros, incumplimientos y negociación

Una política de contratación y documentación puede facilitar el cobro, pero no elimina todos los impagos. Si existe una deuda, revisamos contrato, facturación, entregas, comunicaciones y pagos parciales para identificar el fundamento y la cuantía de la reclamación.

Se valora la solvencia y la conveniencia de negociar, reclamar formalmente o acudir al procedimiento adecuado. La mediación o el arbitraje pueden estudiarse cuando el asunto lo permite; el arbitraje requiere un convenio válido y no se aplica automáticamente a cualquier conflicto. En numerosas demandas civiles y mercantiles debe atenderse el requisito de negociación previa y sus excepciones. La comunicación inicial debe prepararse de modo que cumpla su función y pueda acreditarse cuando corresponda.

Un acuerdo de pago debe concretar importes, vencimientos y consecuencias del incumplimiento. La forma de documentarlo puede afectar a su ejecución. No basta con obtener una promesa informal si lo que se necesita es una solución exigible y coherente con la situación financiera de ambas partes.

Decisiones laborales con preparación previa

Contratación, cambios de condiciones, sanciones y extinciones requieren estudiar causas, convenio, documentación y garantías. La revisión debe hacerse antes de ejecutar la medida. Preparar una carta después de comunicar verbalmente una decisión puede dejar problemas que el texto ya no corrige.

Asesoramos sobre la dimensión jurídica y coordinamos el trabajo con quienes gestionan nóminas y Seguridad Social cuando sea necesario. En el encargo distinguimos ambas funciones. Contar con apoyo legal no significa que todas las tareas de gestión administrativa estén incluidas automáticamente.

En asuntos colectivos o que afectan a derechos de conciliación, igualdad, discapacidad o representación, se revisan las exigencias específicas. La empresa necesita conocer tanto las posibilidades de actuación como los límites y procedimientos que debe respetar.

Fiscalidad de la actividad y defensa tributaria

Una decisión empresarial puede tener efectos en distintos tributos y ejercicios. Revisamos la operación y su documentación para explicar las consecuencias y comparar alternativas lícitas. Ningún ahorro fiscal puede asegurarse sin conocer los datos y las condiciones que hay que cumplir.

Si llega un requerimiento, inspección, liquidación o sanción, se identifica la fase y el plazo. La respuesta jurídica se coordina con la información contable y fiscal existente. Es importante conocer qué se ha presentado antes y quién está atendiendo cada obligación.

La gestión de pagos, aplazamientos o suspensión de deudas debe estudiarse junto con los recursos. Impugnar no paraliza automáticamente toda recaudación. La propuesta de trabajo concreta qué actuación se asume para que una tarea esencial no quede entre dos profesionales sin responsable definido.

Inmuebles, locales y patrimonio empresarial

Alquilar o comprar un local exige revisar uso permitido, duración, obras, garantías, gastos y posibilidades de salida. Las condiciones de un arrendamiento para actividad no deben confundirse con las de vivienda habitual. También pueden ser relevantes licencias y documentación urbanística.

Si se adquiere una empresa o una unidad de negocio, la operación puede incluir contratos, trabajadores, activos y responsabilidades. El estudio debe adaptarse a lo que se transmite. Comprar unas participaciones no produce necesariamente los mismos efectos que comprar determinados bienes.

La revisión previa permite identificar documentación pendiente y condiciones que conviene cumplir antes del cierre. El alcance se acuerda según la operación: si solo se revisa una parte concreta, no equivale a una comprobación exhaustiva.

Cumplimiento normativo y prevención penal

Las obligaciones de cumplimiento dependen de la actividad, la plantilla y las normas sectoriales. Protección de datos, igualdad, prevención de riesgos, información interna y compliance penal tienen objetivos relacionados, pero no son un único documento ni una certificación que cubra cualquier exigencia.

Ayudamos a identificar qué debe revisarse y a definir un proyecto proporcionado. En compliance penal importan los riesgos reales, los controles, la formación y su funcionamiento efectivo. Tener un manual no garantiza exención de responsabilidad si las medidas no se aplican.

Cuando se necesita un servicio específico, se concreta su alcance y coordinación con especialistas o herramientas. El sistema interno de información, por ejemplo, requiere garantías y procedimientos que no se sustituyen por un buzón general de contacto de la web.

Dificultades económicas y continuidad

Si la empresa empieza a acumular impagos o no puede atender regularmente sus obligaciones, conviene revisar la situación antes de adoptar decisiones patrimoniales. Se estudian vencimientos, acreedores, tesorería y responsabilidades, además de las vías preconcursales o concursales que puedan corresponder.

Las reglas aplicables a una sociedad no son idénticas a la exoneración de una persona física. Un autónomo puede necesitar un análisis que reúna deudas de actividad y personales. La forma jurídica y el tamaño de la actividad pueden determinar un procedimiento específico.

El asesoramiento no consiste en trasladar bienes para eludir acreedores. Se valoran soluciones legales y sus requisitos, con especial atención a la información completa y a los plazos. La prevención permite estudiar alternativas cuando todavía existe margen para decidir.

Consulta puntual o acompañamiento continuado

Puedes contratar la revisión de un asunto concreto sin asumir una relación recurrente. Si la actividad necesita apoyo frecuente, estudiamos una propuesta continuada y, cuando encaje, el contrato ATLAS de EOM. La elección depende de la frecuencia, complejidad y coordinación necesarias.

El acuerdo define materias, actuaciones incluidas, interlocución y trabajos que requieren presupuesto aparte. Litigios, operaciones extraordinarias, auditorías o intervención de terceros no quedan incluidos solo porque exista una cuota periódica.

Para preparar la propuesta necesitamos una descripción de la actividad, estructura, asuntos abiertos y decisiones próximas. No es necesario remitir documentación confidencial de clientes o empleados en el primer formulario; concretaremos qué información resulta necesaria y cómo facilitarla.

Crecimiento y protección de los activos de la empresa

Una fusión, adquisición o expansión requiere revisar la estructura de la operación, contratos, plantilla, financiación y responsabilidades. No todas las operaciones siguen el mismo procedimiento. El equipo delimita qué documentación se revisa, qué especialistas intervienen y qué condiciones conviene resolver antes del cierre. Puedes consultar el servicio de derecho mercantil para organizar esa revisión.

Las marcas, contenidos, software y otros activos intangibles también necesitan atención. Se comprueban titularidad, licencias, cesiones, confidencialidad y posibles conflictos. Registrar una sociedad no equivale a proteger automáticamente su marca ni todos los derechos sobre materiales creados por terceros. El encargo de propiedad intelectual e industrial concreta las actuaciones necesarias.

Coordinación, formación y cambio de asesoramiento

En una colaboración continuada pueden acordarse consultas por teléfono o correo, reuniones, formación para el equipo y seguimiento de cambios normativos relevantes. La propuesta concreta materias, destinatarios, periodicidad y canales. No incluye una vigilancia automática de todas las normas ni disponibilidad permanente las veinticuatro horas.

Si ya trabajas con otro despacho o asesoría, se organiza el relevo con tu autorización. Hay que identificar asuntos abiertos, profesionales responsables, documentación y vencimientos antes de cambiar la interlocución. No podemos garantizar que cualquier expediente se traspase en cuarenta y ocho horas. El cambio de asesor no suspende los plazos que ya están corriendo.

Los honorarios dependen del alcance, complejidad, frecuencia y tamaño de la actividad. Una consulta puntual, una cuota y una operación extraordinaria tienen condiciones distintas. Puedes revisar los planes y honorarios o pedir una propuesta adaptada. Nadie puede garantizarte un porcentaje de ahorro, rentabilidad o éxito judicial; el presupuesto explica qué trabajo contratas y qué gastos quedan fuera.