Pensión compensatoria: cálculo, tablas y duración

Qué es la pensión compensatoria y cuándo puede reconocerse

La pensión compensatoria atiende al desequilibrio económico que la separación o el divorcio produce a uno de los cónyuges respecto del otro, cuando supone un empeoramiento de su situación anterior en el matrimonio. Puede fijarse por acuerdo o, si no lo hay, por resolución judicial. No nace automáticamente por divorciarse ni por tener el sueldo más bajo.

El artículo 97 del Código Civil permite una pensión temporal, una pensión por tiempo indefinido o una prestación única. Para valorar si corresponde, primero hay que examinar el desequilibrio y su relación con la vida matrimonial y la ruptura. Después se estudian importe, duración y forma de pago. Empezar multiplicando una diferencia salarial por un porcentaje invierte ese análisis.

No se trata de castigar a quien decide separarse, premiar al otro cónyuge ni repartir por igual todos los ingresos futuros. Tampoco es una garantía incondicional de mantener para siempre el mismo nivel de vida. La comparación debe atender a las circunstancias concretas, a las oportunidades económicas y a los efectos de las decisiones familiares.

Por ejemplo, una dedicación prolongada al hogar que haya limitado la carrera profesional puede ser relevante. Pero trabajar durante el matrimonio no excluye necesariamente el derecho: una reducción de jornada o la colaboración insuficientemente remunerada en el negocio del otro también pueden importar. Ninguno de estos datos permite fijar por sí solo la cuantía.

La regulación actual procede de las reformas matrimoniales iniciadas en 1981. La reforma de 2005 dio al artículo 97 su formulación expresa sobre prestación temporal, indefinida o única. Esa evolución explica la variedad de soluciones; no creó una tabla universal para cada número de años de matrimonio.

Qué diferencia hay con los alimentos y el trabajo doméstico

Los alimentos y la pensión compensatoria responden a finalidades diferentes. En un divorcio, la pensión alimenticia de los hijos atiende a sus necesidades y a la capacidad de quienes deben sostenerlos. La compensatoria se refiere al desequilibrio del cónyuge. No deben sumarse en una sola cifra sin identificar qué parte corresponde a cada concepto.

Además, los alimentos no existen exclusivamente entre padres e hijos: el Código Civil contempla otras obligaciones familiares. Por eso, antes de usar una calculadora o interpretar un convenio, importa identificar a quién se paga, por qué causa y bajo qué regulación.

El artículo 1438 regula otra figura: la compensación por trabajo para la casa al extinguirse el régimen de separación de bienes. Su fundamento y requisitos son distintos de los del artículo 97. No equivale a una pensión compensatoria calculada por años de tareas domésticas.

Puede ser necesario estudiar ambas pretensiones y su relación con el patrimonio que resulte de la liquidación. Evita contabilizar varias veces una misma partida sin explicar su tratamiento. El reparto de bienes, los alimentos de los hijos, el uso de la vivienda y la compensatoria deben quedar diferenciados, aunque todos influyan en la situación económica tras la ruptura.

¿Hay tablas oficiales para calcular la pensión compensatoria?

El Código Civil no establece una escala de porcentajes de pensión compensatoria según la duración del matrimonio. No hay en el artículo 97 una regla que asigne un 10 %, un 22 % o un 35 % a determinados tramos de años. Presentar esas cifras como un baremo oficial puede inducir a negociar o reclamar una cantidad sin fundamento.

Las tablas y la aplicación del Consejo General del Poder Judicial que suelen aparecer en estas búsquedas están destinadas a las pensiones alimenticias de los hijos. Su propia ayuda explica que emplean ingresos de progenitores, número de hijos y factores territoriales. Esa herramienta no calcula la compensatoria entre cónyuges.

Una hoja orientativa elaborada por un profesional puede ayudar a ordenar datos o comparar propuestas. Su utilidad depende de que explique sus supuestos, la norma aplicable y sus limitaciones. Que una tabla esté en Excel, que incluya el año actual o que aplique el IPC no la convierte en una tabla oficial ni demuestra que el resultado vaya a ser aceptado judicialmente.

En lugar de una escala porcentual, esta tabla sirve para preparar el análisis del artículo 97. No asigna puntos ni euros automáticos a cada factor.

Cómo preparar el cálculo paso a paso

El primer paso es determinar qué regulación resulta aplicable y qué petición debe plantearse. Conviene examinar la compensatoria al preparar la separación o el divorcio, no dejarla para una reclamación posterior pensando que siempre podrá añadirse. La solicitud y la prueba tienen que encajar en el procedimiento y en la situación de la pareja.

Después se reúnen los ingresos de ambos en una base comparable. No enfrentes una nómina de doce pagas a otra de catorce sin ajustar el periodo. En actividades económicas hay que distinguir facturación, gastos e ingreso real; una cifra de ventas no equivale al sueldo disponible. Incluye, cuando proceda, rentas de alquiler, inversiones, pensiones y otras fuentes.

El patrimonio también importa. Una persona puede tener pocos ingresos mensuales y disponer de bienes o rendimientos relevantes. Deben analizarse cargas, disponibilidad, gastos necesarios y previsiones fundadas de liquidación, sin tratar como dinero líquido cualquier valor patrimonial estimado.

La diferencia de ingresos es un dato descriptivo, no una base sobre la que la ley ordene aplicar un porcentaje. El CGPJ ha explicado, al informar sobre una resolución del Tribunal Supremo, que la mera diferencia salarial, aisladamente considerada, no basta. Hay que comparar la situación durante el matrimonio con la que resulta de la ruptura y acreditar el desequilibrio correspondiente.

El siguiente paso es reconstruir las decisiones familiares: excedencias, reducciones de jornada, cambios de residencia, abandono de estudios, cuidados o trabajo en la actividad del otro cónyuge. Para cada afirmación, identifica fechas y pruebas. También deben valorarse edad, salud, formación, acceso al empleo, duración de la convivencia, necesidades y posibles derechos de pensión perdidos.

Finalmente se formula una propuesta motivada de cuantía y duración, atendiendo a los medios de ambas partes. El artículo 97 incluye los acuerdos alcanzados, pero una propuesta debe ser comprensible y viable. Conviene precisar qué cambios se prevén, sobre qué documentación se apoyan y por qué justifican esa solución.

Ejemplo de ingresos: qué puedes calcular y qué falta por valorar

Supongamos un matrimonio de dieciséis años en el que una persona tiene ingresos netos mensuales comparables de 3.500 euros y la otra de 1.200. La diferencia es de 2.300 euros. Si la segunda redujo su jornada para cuidar a los hijos, ese hecho puede ser relevante y debe acreditarse, junto con el resto de circunstancias.

La operación 2.300 × 27 % da 621 euros, pero el 27 % no procede de una regla del artículo 97 para matrimonios de dieciséis años. Una cuenta matemáticamente correcta puede producir una conclusión jurídica injustificada. Esos datos no bastan para concluir que correspondan 621 euros, que deban redondearse a 600 ni que la prestación deba durar ocho años.

Habría que conocer, entre otras cuestiones, los ingresos anuales completos, el patrimonio, las cargas, el reparto de cuidados, las posibilidades laborales, la salud, los acuerdos y la situación resultante de la ruptura. La edad de cuarenta y siete años o una referencia genérica a «buena salud» tampoco acreditan por sí solas cuándo desaparecerá el desequilibrio.

Si las partes estudian una propuesta hipotética de 600 euros durante doce mensualidades, el desembolso anual sería de 7.200 euros antes de actualizaciones. Ese cálculo sirve para conocer el coste de la propuesta; no demuestra que exista derecho a cobrarla ni que la cuantía sea adecuada. Tampoco refleja por sí solo el resultado fiscal de cada parte.

Una simulación útil separa las cifras acreditadas de las hipótesis y te permite cambiar una propuesta y ver su coste. Su resultado no es una predicción de sentencia ni una tarifa del despacho o del juzgado.

Duración: temporal, indefinida o prestación única

La duración no se obtiene dividiendo por dos los años del matrimonio. El Código Civil admite distintas modalidades y exige atender a las circunstancias. Un matrimonio largo puede ser relevante, pero no determina automáticamente una pensión indefinida; uno más breve tampoco impide por sí mismo cualquier compensación.

Para proponer una duración temporal, hay que valorar de manera razonada las posibilidades de superar el desequilibrio: formación, experiencia, salud, edad, cuidados y perspectivas económicas. No basta con afirmar que la persona «puede buscar trabajo» sin examinar si esa expectativa es realista en su situación.

Una pensión indefinida carece de una fecha final fijada de antemano, pero puede quedar sujeta a las causas legales o pactadas de modificación y extinción. No significa que sea incondicional, que nunca pueda revisarse o que obligatoriamente termine al jubilarse quien paga.

En una prestación única se entrega la compensación conforme a lo establecido, en lugar de mantener una pensión periódica. El artículo 99 permite convenir la sustitución de una pensión por una renta vitalicia, un usufructo o un capital en bienes o dinero. La sustitución requiere acuerdo y una valoración de sus efectos; no autoriza a cambiar unilateralmente la forma de pago.

También pueden estudiarse pactos que combinen entregas y pagos, si son jurídicamente adecuados y quedan claramente definidos. No basta con multiplicar mensualidades para valorar cualquier capital: importan actualizaciones, garantías, solvencia, fiscalidad y riesgos. Antes de cerrar un acuerdo, debe quedar claro qué obligación se satisface y qué cuestiones siguen abiertas.

Diferencias territoriales y parejas de hecho

Las diferencias relevantes no consisten simplemente en aplicar una tabla más alta en Madrid o Barcelona. Hay que identificar el derecho civil aplicable, las circunstancias de la relación y, en su caso, las reglas de conflicto. La vecindad civil y otros puntos de conexión no se sustituyen por el domicilio actual o por la ciudad donde se presenta la demanda.

Por ejemplo, cuando resulta aplicable el derecho civil de Cataluña, sus artículos 233-14 y siguientes regulan la prestación compensatoria con reglas propias. La pensión se concede por un periodo limitado, salvo circunstancias excepcionales que justifiquen fijarla de forma indefinida. También existe una regla específica que permite modificar su importe únicamente para disminuirlo si mejora la situación de quien cobra o empeora la de quien paga.

Por eso no toda compensatoria puede subirse o bajarse indistintamente: hay que distinguir regímenes. La norma aplicable, la modalidad y los pactos deben examinarse antes de solicitar una modificación.

La ruptura de una pareja de hecho no activa automáticamente el artículo 97 como si hubiera existido matrimonio. Pueden existir pactos, normas civiles propias u otras acciones con requisitos diferentes. No basta con acreditar convivencia o inscripción como pareja para trasladar todas las consecuencias del divorcio.

En Cataluña, por ejemplo, la compensación económica por razón de trabajo y la prestación alimentaria de la pareja estable son figuras diferenciadas, reguladas en los artículos 234-9 y 234-10. Su ejercicio tiene un plazo de un año desde la extinción de la pareja, conforme al artículo 234-13. Este ejemplo no debe aplicarse a cualquier pareja de cualquier territorio.

Actualización, modificación y causas de extinción

El artículo 97 exige fijar periodicidad, forma de pago, bases de actualización, duración o momento de cese y garantías. Revisa la resolución o convenio: no toda pensión se actualiza por un IPC idéntico, en el mismo mes o mediante la misma operación. Hay que identificar el índice, periodo, fecha inicial y mecanismo efectivamente establecidos.

Actualizar según lo previsto es distinto de modificar la prestación por cambios posteriores. El artículo 100 contempla alteraciones en la fortuna de uno u otro cónyuge que aconsejen modificarla; la Ley de Enjuiciamiento Civil regula el procedimiento de modificación de medidas. También hay reglas específicas para nuevos convenios formalizados ante notario o letrado de la Administración de Justicia.

Una pérdida de empleo, una mejora de ingresos, una herencia o la liquidación del patrimonio no permiten dar por sentado el resultado. Hay que examinar su importancia, duración, efecto real y lo previsto en el título. No cualquier cambio económico justifica la misma respuesta ni puede reabrirse sin más una situación ya valorada.

El artículo 101 contempla el cese de la causa que motivó la pensión, el nuevo matrimonio de quien la percibe y la convivencia marital con otra persona. También deben atenderse el plazo establecido y, en las prestaciones personales periódicas, el fallecimiento del acreedor. Las cantidades que ya se hubieran devengado requieren un análisis separado.

La muerte de quien paga no extingue por sí sola la pensión conforme al artículo 101. Sus herederos pueden pedir reducción o supresión en los supuestos que prevé, relacionados con el caudal hereditario y sus derechos en la legítima. No debe confundirse la muerte del deudor con la del beneficiario.

Si hay controversia sobre una convivencia, una mejora económica o la fecha de efectos, documenta los hechos y utiliza el cauce correspondiente. La existencia de una posible causa de extinción no convierte cualquier decisión unilateral de dejar de pagar en una actuación segura.

Impago y tratamiento en el IRPF

Quien no puede pagar debe reunir pruebas de su situación y estudiar cuanto antes la modificación que proceda. Presentar una demanda no equivale por sí solo a obtener una suspensión o reducción. Hasta que exista un título que cambie la obligación, no debe presumirse que el importe ha desaparecido.

La otra parte puede reclamar las cantidades exigibles mediante ejecución. En determinados supuestos, el impago de prestaciones familiares también puede tener consecuencias penales conforme al artículo 227. No todo retraso constituye delito: deben concurrir sus requisitos y examinarse las circunstancias, incluida la capacidad real de pago.

En el IRPF, la compensatoria efectivamente satisfecha puede reducir la base imponible del pagador cuando cumple los requisitos. No es una devolución íntegra de lo abonado. Para el perceptor constituye rendimiento del trabajo, con el tratamiento que corresponda a su declaración.

La Agencia Tributaria contempla la prestación fijada judicialmente y los convenios formalizados en los términos legales. También recoge el criterio del Tribunal Supremo sobre pagos desde la firma de un convenio posteriormente ratificado sin modificar lo pactado. Esto no permite tratar cualquier transferencia privada a una expareja como compensatoria fiscalmente reducible.

Distingue compensatoria, alimentos de los hijos, liquidación de bienes y otros pagos. Si no puede identificarse qué parte corresponde a cada concepto, puede impedirse la reducción. Conserva el título, justificantes y desglose, y revisa aparte las entregas de capital o bienes y cualquier circunstancia internacional.

Qué puede aportar una calculadora o una hoja de cálculo

Una herramienta puede ordenar ingresos anuales, gastos, patrimonio y propuestas de pago. También puede calcular el coste de doce mensualidades o una actualización pactada. Para esas operaciones resulta útil comprobar fórmulas y unidades: neto o bruto, euros mensuales o anuales y número de pagas.

Lo que no puede hacer una calculadora basada solo en ingresos y años de matrimonio es acreditar el desequilibrio, valorar pruebas o sustituir la decisión del procedimiento. Desconfía de resultados que prometan una cantidad exacta sin explicar el método o que atribuyan al CGPJ porcentajes para compensatorias.

No hay una plantilla única oficial que todos los profesionales deban utilizar. Si te facilitan un Excel o una simulación, pide que se identifique qué datos están comprobados, qué cifras son propuestas y qué circunstancias no se han incluido. Una descarga «actualizada» no resuelve por sí misma el fondo del caso.

Para preparar una consulta, lleva la cronología de la convivencia, documentos económicos, decisiones de cuidado, pactos y cualquier resolución previa. Con ese material puede estudiarse tanto si procede solicitar la prestación como una propuesta de cuantía, duración, revisión y garantías.

Qué dicen las estadísticas y qué no permiten concluir

La estadística del INE de 2024, publicada el 18 de julio de 2025, registra 82.991 divorcios. En el 7,0 % de los divorcios de cónyuges de diferente sexo se fijó pensión compensatoria; en el 90,9 % de esas pensiones el pago se asignó al esposo. Son datos de ese año y de los colectivos especificados.

Estos resultados permiten contextualizar que la compensatoria no se fija en todos los divorcios. No demuestran que cualquier persona de un sexo tenga derecho a ella, que una pensión deba durar la mitad del matrimonio ni que exista un porcentaje obligatorio sobre salarios.

Tampoco puede obtenerse la probabilidad de que un matrimonio termine en divorcio comparando directamente los divorcios y las bodas celebradas en un mismo año: no pertenecen a una misma generación de matrimonios. Desconfía de expresiones como «un divorcio cada cuatro minutos» si no indican un periodo y un cálculo verificables: no describen una constante.

La mayor participación laboral y los cambios familiares no sustituyen la prueba individual. Para afirmar una caída de la cuantía media o una proporción de pensiones temporales haría falta una serie que realmente mida esos extremos. La duración adecuada de una compensatoria se decide conforme al caso y a la norma aplicable.

Seguir leyendo

Sobre cuestiones próximas a esta, puede interesarte Cómo actualizar la pensión de alimentos con el IPC, ¿Tengo que pagar pensión a mi mujer si me divorcio? y Nulidad matrimonial: causas y consecuencias.

Si el asunto es tuyo y quieres revisarlo con alguien, esta materia se trata en el área de Familia y divorcio de EOM.